En la última década los Estados han adquirido sofisticadas herramientas de vigilancia que se instalan en celulares y otros dispositivos y pueden acceder a cámaras, micrófonos, información y documentos privados del usuario. Se ha comprobado el uso de dichas herramientas por parte de Estados Latinoamericanos contra ciudadanos y periodistas, vulnerando así su privacidad, sus derechos y la libertad de prensa y expresión. El comercio de las tecnologías intrusivas está en aumento, la vigilancia secreta opera en todos los mercados del mundo y los periodistas se han convertido en el objetivo principal.